Colombia regula el uso de inteligencia artificial en los despachos judiciales como un asunto de conducta de cada juez. Europa lo trata como un sistema de alto riesgo. La diferencia no es académica: decide si las partes pueden saber qué escribió la máquina.
Por Alexander Bermúdez Correa, Director General de Juridex Abogados
Imaginemos un escenario que ya no es ciencia ficción. Un juez de tutela, con cientos de expedientes pendientes, abre una herramienta de inteligencia artificial que le resume el caso, le propone el problema jurídico y la regla aplicable, y le entrega un borrador de la motivación. El juez lo revisa, ajusta un par de párrafos y firma. ¿Quién decidió?
Aclaro desde el inicio que se trata de una hipótesis. No conozco un uso oficial así en la Rama Judicial. Lo que sí es real es que la Rama presenta Copilot como una herramienta implementada para transcribir, resumir y apoyar la redacción de actas, y que el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura ya admite la «asistencia en tareas que impactan la labor de motivación de decisiones judiciales». El paso siguiente está a la vuelta de la esquina.
Lo que dice Colombia: deberes para el juez
Nuestro marco descansa en dos piezas. La primera es la sentencia T-323 de 2024, en la que la Corte Constitucional revisó el caso de un juez que usó ChatGPT en una tutela de salud de un menor y fijó criterios como la transparencia, la responsabilidad, la privacidad y la no sustitución del razonamiento humano. La segunda es el Acuerdo del Consejo Superior, que ordena divulgar el uso de la herramienta, verificar sus resultados y no delegar en ella la valoración de las pruebas ni la solución de problemas jurídicos.
Ambas son valiosas. Pero tienen algo en común: ponen toda la carga sobre el despacho. Dicen qué debe hacer el juez frente a la herramienta, no qué controles debe pasar la herramienta antes de llegar al juez.
Lo que dice Europa: un sistema de alto riesgo
El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial parte de otro lugar. Califica como de alto riesgo los sistemas que ayudan a una autoridad judicial a investigar e interpretar los hechos y el derecho y a aplicarlo a un caso concreto. Esa calificación obliga, antes de usarlos, a evaluar su impacto sobre los derechos fundamentales, a registrarlos, a garantizar una supervisión humana con verdadera autoridad y a reconocer a las personas afectadas el derecho a una explicación. El propio Reglamento lo resume así: la decisión final debe seguir siendo una actividad humana. Para la justicia, esas obligaciones se aplicarán desde el 2 de diciembre de 2027, tras el ajuste aprobado este año.
El Reglamento no rige en Colombia, pero sirve como vara de medida. De hecho, el Proyecto de Ley 043 de 2025, que proponía regular la IA en el país, calificaba como de alto riesgo los sistemas usados en la administración de justicia. Fue archivado.
Por qué importa: el borrador que llega primero
Lo que el sistema promete es real. Una justicia lenta también lesiona derechos, y en un país donde la Rama atendió 1,2 millones de tutelas en 2025, devolverle al juez horas de trabajo mecánico no es poca cosa.
El riesgo que más me preocupa es otro: el desplazamiento silencioso de la motivación. Quien redacta primero define el problema, escoge los hechos y la regla, y el revisor trabaja dentro de ese marco. El juez pasa de decidir a validar, y un fallo validado se parece mucho a uno decidido. A eso se suma la tendencia humana a confiar en exceso en lo que entrega la máquina, y las citas falsas ya llegan firmadas: en la sentencia STC17832-2025, la Corte Suprema dejó sin efecto una decisión que atribuía a sentencias reales pasajes que no existían. El error solo se corrigió por vía de tutela.
Y hay un problema de igualdad que no se ve en el expediente. Los datos judiciales cargan con las desigualdades de las decisiones pasadas, y un sistema entrenado con ellos las reproduce con apariencia de objetividad y a escala. En la tutela, a la que se acude cuando no hay otro medio de defensa, eso no es abstracto.
Como litigante, la pregunta que más me importa es más simple: ¿cómo contradice una parte lo que no sabe que existe? La constancia que exige hoy el Acuerdo llega después y muestra qué escribió la máquina, pero no por qué. Divulgar no es explicar.
Tres propuestas
No se trata de prohibir la herramienta, sino de que el juez deje de ser el único control de algo que no eligió.
La primera es un aval previo: antes de que cualquier herramienta toque la motivación de una decisión, la Rama debería evaluar su impacto en los derechos fundamentales, publicarlo en un registro y probarla en un entorno controlado, con auditoría externa.
La segunda está en el contrato. Los pliegos con los proveedores deberían exigir acceso de un auditor independiente, prohibir el entrenamiento con datos de los expedientes y obligar a avisar de los cambios de modelo.
La tercera es la que considero más necesaria, porque ataca el orden en que se escribe. El juez fijaría primero una minuta con el problema jurídico, los hechos probados, la regla y el sentido del fallo, y la herramienta redactaría a partir de ella. El sistema dejaría constancia de lo que aportó cada uno, y esa constancia se notificaría con el fallo, para que quien impugne pueda discutir qué puso la máquina y qué puso el juez.
La pregunta que viene
Al legislador le queda la tarea de fondo: habilitar estos usos por ley y definir un régimen de responsabilidad que distinga el error del juez del error del sistema. Mientras tanto, la primera pregunta de un litigante ante un fallo de tutela asistido no será si la máquina se equivocó, sino si el juez escribió algo antes que ella.
Alexander Bermúdez Correa es Director General de Juridex Abogados. Este análisis nace de su trabajo en el Máster en Inteligencia Artificial y Legaltech de la Universidad de Salamanca.
