El actual panorama del sector salud en Colombia refleja una compleja situación en la que confluyen múltiples factores que amenazan no solo la estabilidad económica del sistema, sino también la de todos los agentes que intervienen en él. Este escenario compromete el cubrimiento de los servicios esenciales para los usuarios, así como el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones derivadas de la prestación de dichos servicios, implicando, a su vez, serios riesgos empresariales para aquellas entidades privadas que participan en esta dinámica sectorial, siendo necesario adoptar medidas desde el ámbito legal que permitan salvaguardar sus intereses.
- Dificultades en el financiamiento del sistema.
En efecto, desde la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, uno de los aspectos más críticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ha sido su financiamiento y sostenibilidad, atendiendo lo dispuesto en el artículo 156 de la norma en mención según el cual “Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una Unidad de Pago por Capitación, UPC…”, valor que es girado, según el caso, por el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
No obstante, la realidad operativa del sistema ha evidenciado graves dificultades para el cálculo y pago de la UPC, siendo objeto de varios cuestionamientos por los agentes internos y externos del sistema, pues su actualización se basa en indicadores generales que no reflejan adecuadamente la realidad de los costos específicos del sector, además de los procedimientos administrativos de auditoría que muchas veces retrasan el giro de estos recursos.
Lo anterior, ha generado en muchos casos la insuficiencia patrimonial de las EPS para cumplir con los requisitos de habilitación financiera y atender el pago de los servicios médicos prestados por las IPS, generando un efecto en cadena frente a proveedores y personal médico, que no logran obtener el pago oportuno de sus prestaciones, lo que a la postre también ha hecho eco significativo en la calidad, oportunidad y cobertura de los servicios suministrados a los usuarios.
Bajo ese preocupante escenario, no han surgido aún medidas efectivas para contrarrestarlo, encaminando a las EPS a su liquidación forzosa o, en su defecto, a ser intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud para su administración, al tiempo que se han promovido vastas acciones judiciales que atentan cada vez con la estabilidad patrimonial de las entidades obligadas al pago, quienes ven sus recursos afectados por embargos, secuestros y retenciones que afectan gravemente su operatividad.
Asimismo, la demora en el pago limita la capacidad de las IPS para el pago de nóminas y servicios, al igual que impide invertir en tecnología, infraestructura y capacitación, aspectos críticos para mantener la calidad asistencial. Los proveedores, por su parte, se enfrentan a una incertidumbre constante al no recibir los fondos necesarios para cubrir sus costos operativos, lo que incrementa los riesgos de insolvencia y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más exigente.
- Pronunciamiento de la Corte Constitucional frente al cálculo y reajuste de la UPC.
La problemática suscitada no ha sido ajena a la intervención de los máximos órganos judiciales, principalmente de la Corte Constitucional, quien en su momento, mediante sentencia T-760 de 2008 puso de presente algunos parámetros para propender por la correcta financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS), subrayando la necesidad de revisar el proceso de cálculo del valor de la UPC, ordenando la incorporación de variables específicas del sector que permitan reflejar con mayor precisión la realidad de los costos.
En este contexto, la Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) que se adopte una metodología de cálculo que integre no solo el IPC y el salario mínimo, sino también el perfil epidemiológico, los riesgos asociados, los costos tecnológicos y operativos de la atención en salud, la siniestralidad, inflación, destinaciones específicas e inclusiones, así como el rezago acumulado en su valor.
No obstante, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, recientemente emitió el Auto 007 de 2025, en el que declaró el “incumplimiento general en relación con el componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes”, así como la “insuficiencia de la UPC de 2024”, advirtiendo serias deficiencias en la calidad y validación de la información reportados por las EPS y el cálculo de la UPC bajo datos inexactos invocados por el Ministerio de Salud y Protección Social, incrementando el margen de error y la falta de transparencia en el proceso.
De esa manera, la Corte reprochó que el uso de datos históricos que no reflejan las verdaderas necesidades actuales de la población, afectando la capacidad de financiación de los servicios incluidos en el PBS.
Finalmente, la Corte Constitucional ordenó al MSPS conformar una mesa de trabajo con la participación de entidades clave, como el Ministerio de Hacienda, ADRES, EPS, IPS, la Superintendencia Nacional de Salud y representantes del sector académico y de pacientes, con el fin de revisar la suficiencia de la UPC. Esta mesa deberá abordar temas como el rezago en la prima desde 2021, el aumento de la siniestralidad y la necesidad de ajustar la metodología de cálculo con nuevas variables y ajustadores de riesgo.
El escenario descrito, sin duda representa uno de los principales retos del sector salud en el 2025, que a falta de una pronta y efectiva solución conllevará a la concreción de riesgos empresariales de gran magnitud, escenario donde resulta imprescindible una correcta asesoría legal especializada que permita la protección de los intereses patrimoniales de los agentes de este sector, permitiendo la creación e implementación de estrategias corporativas y de defensa judicial que minimice al máximo las consecuencias negativas inherentes al actual modelo del sistema.
Bajo esa premisa, en un sector donde la incertidumbre regulatoria y económica es una constante, contar con aliados que comprendan la complejidad del sistema y ofrezcan soluciones jurídicas efectivas a través de un enfoque preventivo y de litigio estratégico resulta fundamental.
